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En las calles y avenidas de Siete Palmas, por sus características, los limites de velocidad no son respetados, produciéndose múltiples incidentes y atropellos en pasos de peatones y en intersecciones. Si bien esto se podría evitar respetando la señalización y normativa vigente, o estableciendo controles periódicos de exceso de velocidad, es preciso la instalación de medios físicos para mejorar la seguridad de las vías.

La Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, con el objetivo de conseguir reducir la velocidad en aquellos puntos en los que exista un riesgo potencial.

Para ello solicitamos a la Unidad Técnica de Vías y Obras realice el estudio pertinente para la instalación de reductores de velocidad fabricados “in situ”, entendiendo que su coste es asumible, no superando el máximo de 3.000 euros, según consta en anteriores códigos de proyecto, calificados como "ganador" y ejecutados. (ver documento adjunto).

Si el coste de la instalación de los popularmente llamados “lomos de asno” fuera razón para la declaración de inviabilidad, proponemos la instalación de reductores de velocidad prefabricados, los cuales suponen un presupuesto de instalación menor (rondando los 100 euros/metro lineal). Existen numerosas calles de nuestra capital donde se han instalado los mismos, no siendo óbice el inconveniente sonoro producido al rebasarlos.

Los puntos prioritarios de instalación de reductores de velocidad serían los siguientes:

• c/ Lomo La Plana (inmediaciones de Adepsi)
• c/ Lomo La Plana (tramo CEIP Martín Chirino)
• c/ Fondos de Segura, esq. Lomo San Lázaro (anterior a paso de peatones)
• c/ Lomo San Lázaro, esq. Lomo La Plana (anterior a paso de peatones)
• Avenida Pintor Felo Monzón, entre Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca y Las Borreras.

Requerimos la reparación y continuación de la acera debajo del puente elevado.

Techar (techo ligero) la trasera del escenario del centro cívico de Piletas generando un espacio vecinal polivalente.

Renovar las luminarias del barrio por LED

Pintar un mural con participación ciudadana y colectivo de arte, asimismo, pintar los escalones con olas de mar.

El acceso a la información es un derecho con el que cuenta toda persona, independientemente del sistema de comunicación que emplee. En este sentido, las personas con sordera ven vulnerados sus derechos al no poder recibir la información en igualdad de condiciones que el resto de la población y, más aún, en estos últimos años donde las barreras se han intensificado debido a la COVID19, provocando una mayor discriminación hacia las personas con pérdida auditiva. 

Debemos tener en cuenta que la población con sordera es muy heterogénea y los niveles de comprensión, entendimiento o lectoescritura pueden variar en función de las características de cada una de las personas beneficiarias, necesitandoen determinados momentos hacer adaptaciones de la información que se le traslada a las personas o utilizando recursos humanos y tecnológicos para hacerles llegar la información. La mayor parte de la población con sordera de la isla de Gran Canaria, se encuentra empadronada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

La propuesta pretende fomentar la posibilidad de que las personas con sordera puedan acceder a la información que se les acontece en su día a día de una forma accesible y con los recursos que se requieran según el o los sistemas de comunicación empleados (intérprete de lengua de signos, subtitulado, bucle de inducción magnética, lectura fácil, señalética, etc.), favoreciendo así la integración de este colectivo en una sociedad en la que toda información se plasma mediante el canal auditivo. Por ello, debemos tener la consideración de destinar esta partida presupuestaria a gastos corrientes como apoyo a esta iniciativa dirigida a la discapacidad auditiva. 

Asimismo, se pretende llevar a cabo una labor informativa, de asesoramiento y sensibilización en relación con el área de accesibilidad y discapacidad auditiva, dirigida tanto a las administraciones como a la sociedad, en su conjunto, para crear conciencia sobre esta discapacidad, pudiendo ofrecer talleres de sensibilización en centros educativos públicos, privados y concertados, concejalías de los diferentes distritos del municipio, entidades sociales, etc. 

Se pretende garantizar la accesibilidad comunicativa de las personas con sordera en diferentes ámbitos, como puede ser el social, sanitario, educativo, laboral, etc.; trabajando para que puedan acceder en igualdad de condiciones a la información y conocimiento que toda persona necesite para su desarrollo personal favoreciendo así, su plena inclusión y disfrute de una vida normalizada y autónoma.